Seguirán en prisión los abogados Viale y Rueda

La Cámara de Acusación ratificó una vez más el sostenimiento de la prisión preventiva para los abogados Claudio Horacio Viale y Francisco José Rueda, involucrados como supuestos miembros de una asociación ilícita constituida para estafar a Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) usando certificados médicos falsos, con la participación de abogados de esas compañías, médicos y letrados laboralistas.

La decisión ya fue confirmada en otras ocasiones por la Fiscalía, un Juzgado de Control, esta misma cámara y el Tribunal Superior de Justicia. Ahora, con la firma de Carlos Alberto Salazar, Francisco Horacio Gilardoni y Gabriel Pérez Barberá se determinó –salvo recurso posterior– que los abogados seguirán presos hasta la celebración del juicio oral y público.

El expediente incluye 288 casos de estafa continuada e involucra a una asociación ilícita que habrían integrado los abogados Viale y Rueda.

La causa tiene casi medio centenar de cuerpos y el actual fiscal instructor, Mariano Antuña, logró que se amplíe el plazo procesal para evitar que caigan algunas prisiones preventivas.

Ahora, queda pendiente otro recurso de la defensa ante Acusación, en el que se opone a la elevación a juicio solicitada por Antuña y confirmada en todas las instancias posteriores.

Ante esta situación, se plantea lo que sucede reiteradamente en la Justicia provincial. No pocos defensores han cuestionado la diferencia que se practica en los tribunales cordobeses respecto de la órbita federal, donde algunos procesados (como el padre Julio César Grassi y algunos ricos y famosos) no van a prisión hasta que la sentencia quede firme.

Entre los hitos de la investigación judicial está el apartamiento que sufrió el fiscal que comenzó a instruir la causa, Enrique Gavier, a raíz de que uno de los defensores es familiar de él, Ernesto Gavier. Pese a la oposición del funcionario judicial, el juez de garantías le negó la continuidad. No obstante, el impulso inicial de Gavier se ha confirmado con las acciones de Antuña, todas ellas respaldadas invariablemente por los tribunales de alzada.

Los dos abogados están acusados de asociación ilícita en calidad de miembros, en concurso real con estafa procesal continuada, certificado médico falso continuado y falsificación de instrumento privado continuada, todos en concurso ideal, aunque a Viale no se le endilga el último delito.

En su resolución, Acusación discrepa con los defensores de que debe cambiarse la calificación legal, de que la pena que eventualmente recibirían puede ser de tres años de prisión (juzgan que sería superior) y de que, aunque la causa esté elevada a juicio, persiste el riesgo procesal.